La transición energética contribuye de forma significativa a la lucha contra el cambio climático, ya que está asociada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes. Además, genera nuevos entornos y oportunidades a los que la economía debe adaptarse y constituye una oportunidad de transformación del modelo productivo hacia otro circular y descarbonizado.
Una oportunidad para mejorar los sistemas productivos y de transporte, para que sean mucho más eficientes en el uso de los recursos y ofrezcan las soluciones que necesita un mundo descarbonizado.
No obstante, aunque la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono generará numerosas oportunidades y beneficios, también puede provocar impactos negativos a corto plazo, en ámbitos específicos y en determinadas regiones, comunidades y colectivos. Por todo ello, es necesario que las políticas y medidas de lucha contra el cambio climático no solo traten de maximizar los beneficios, sino también mitigar los impactos negativos que conlleva esta transformación, para guiar el cambio mediante la llamada “Transición Justa”.
¿Qué es la “Transición Justa”?
En 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó una serie de directrices sobre la Transición Justa, con el objetivo de gestionar adecuadamente la transición hacia economías ambiental y socialmente sostenibles. No se trata solo de conseguir los objetivos climáticos, sino hacerlo a través de la generación de empleos decentes y avanzar en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, tanto en países avanzados como en países en desarrollo.
Este compromiso por incorporar políticas de Transición Justa también fue refrendado por los países que forman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMCUCC). En diciembre de 2015 y como resultado de la COP21, establecieron que la implantación del Acuerdo de París en las políticas climáticas deberá tener en cuenta las necesidades hacia una transición justa en las políticas laborales.
¿En qué se ha traducido el compromiso internacional de Transición Justa en el caso de España?
En febrero de 2019, el Gobierno de España aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima , para facilitar el cambio hacia un modelo económico sostenible y competitivo que frene el cambio climático. Este Marco Estratégico se estructura en tres pilares: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa (ETJ).
La transición energética generará numerosas oportunidades y beneficios, también puede provocar impactos negativos a corto plazo, en ámbitos específicos y en determinadas regiones, comunidades y colectivos. Por todo ello, es necesario que las políticas y medidas de lucha contra el cambio climático no solo traten de maximizar los beneficios, sino también mitigar los impactos negativos que conlleva esta transformación, para guiar el cambio mediante la llamada “Transición Justa”.
Sin embargo, el objetivo de la Estrategia de Transición Justa es mitigar los efectos negativos derivados de la reestructuración global de la economía y los cambios en el mercado laboral y por ello se centra más en apoyar la transformación de los sectores económicos y, en generar y proteger el empleo. A corto plazo y de forma urgente, se ha definido un plan de acción para paliar los efectos negativos derivados del cierre de determinadas instalaciones energéticas – centrales de carbón – que afectan especialmente a ciertas regiones y comarcas.
La descarbonización de la economía trae costes asociados porque requiere implementar nuevas formas de generación de energía bajas en carbono e introducir tecnologías y digitalización de ciertos procesos industriales para mejorar su eficiencia energética. La descarbonización está fomentando nuevas formas de transporte, está restructurando el abastecimiento energético de las industrias y está transformando el consumo de energía en los hogares y empresas, y todo ello implica un coste.
Para financiar este desarrollo tecnológico es necesario establecer mecanismos financieros que implican un coste económico a la sociedad, el cual debe ser previsto en las políticas económicas de los países, garantizando el acceso universal de la energía a un coste viable y sostenible.
Proyectos empresariales con impacto social
Cada vez son más las empresas que no solo consideran los aspectos económicos de sus inversiones, sino que además incorporan en sus procesos de decisión el impacto positivo que puedan tener en colectivos vulnerables o en determinados territorios.
En un contexto de creciente sensibilidad por cuestiones sociales y medioambientales, la incorporación del impacto social en la gestión de muchas empresas permite alinear sus misión y valores con sus actividades, fomentando la inversión en proyectos que contribuyan a la transición energética y generen oportunidades profesionales o un impacto positivo en colectivos vulnerables. Además, permiten la promoción del desarrollo social, favoreciendo o creando empleo para personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos.