¿Cómo se podrán materializar las actuaciones que requiere la transición energética?
Llegar a una economía climáticamente neutra en carbono de aquí a 2050 no será posible sin un esfuerzo continuado en materia de inversión y financiación, tanto del sector público como del sector privado. De hecho, la Comisión Europea presentó en enero de 2020 el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que calcula una inversión adicional de unos 260 mil millones de euros anuales si se quieren alcanzar los objetivos de clima y energía en 2030 y la neutralidad climática en 2050. Para ello, el Plan movilizará un mínimo de 1 billón de euros en inversiones sostenibles en los próximos 10 años, el mayor porcentaje de gasto público destinado a la sostenibilidad.
¿Qué volumen de recursos económicos conlleva la transición energética en España?
En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la necesidad de movilizar 241 mil millones de euros entre 2021-2030 para alcanzar los objetivos de energía y clima propuestos.
Estas inversiones se reparten de la siguiente forma: energías renovables (38%,) ahorro y eficiencia (35%), redes y electrificación (24%) y resto medidas (3%).
¿Cuáles son los principales mecanismos para la financiación sostenible?
La movilización de recursos para la transición energética necesitará fondos públicos y privados, ya que la magnitud de la inversión supera la capacidad de la Administración. El plan prevé que el 80% de las inversiones sean realizadas por parte del sector privado, mientras que el 20% restante serán aportaciones públicas, procedentes tanto de las distintas Administraciones del Estado como de la Unión Europea.
Los instrumentos europeos incluyen, por ejemplo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Las aportaciones del sector privado proceden de los recursos propios de los distintos agentes implicados, así como fondos privados canalizados a través de bancos o instrumentos verdes en los mercados financieros (instrumentos para inversiones sostenibles neutras en carbono).
¿Qué instrumentos existen para facilitar la transición energética?
Para lograr la suficiente participación de la ciudadanía y las empresas, el sector público tiene que incentivar al sector privado para que invierta y desarrolle proyectos verdes (proyectos sostenibles que apoyen la descarbonización de la economía). Este conjunto de incentivos incluye regulaciones medioambientales, cofinanciación de proyectos clave con fondos públicos, un sistema de fiscalidad energética verde y un marco regulatorio para instrumentos financieros orientados a proyectos sostenibles.
Para la financiación de la transición energética, la Comisión Europea presentó el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que calcula una inversión adicional de unos 260 mil millones de euros anuales si se quieren alcanzar los objetivos de clima y energía en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
¿Y la fiscalidad energética qué papel tiene?
La fiscalidad energética, además de ser una importante fuente de recursos financieros para las administraciones, puede concebirse como un instrumento para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales, ya que fomenta el cambio hacia una energía baja en emisiones y una industria más sostenible. Sin embargo, el marco impositivo de la UE no ha sido actualizado desde 2003, por lo que no se encuentra en sintonía con la estrategia desarrollada en el Pacto Verde Europeo (Green Deal). Desde Bruselas se está debatiendo una revisión de la normativa, para adecuar la imposición de los productos energéticos y de la electricidad a las políticas de la Unión Europea, preservar y mejorar el mercado interior europeo y mantener la capacidad de generar ingresos en los presupuestos de los Estados miembros.
¿Qué puede hacer el sector financiero para contribuir a la transición energética?
En los últimos años han ido apareciendo multitud de productos financieros orientados específicamente a la transición hacia una economía descarbonizada. Los bonos verdes, que son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiar proyectos relacionados con el cambio climático y la transición energética, representan los productos sostenibles por excelencia, aunque con el tiempo la oferta se está ampliando y diversificando.
Adicionalmente, están surgiendo otros productos financieros sostenibles, como los préstamos y créditos verdes o los fondos de inversión verdes, para que pequeños y grandes inversores puedan destinar sus ahorros a actividades orientadas a la transición energética, la descarbonización de la economía y a la sostenibilidad ambiental.
¿Hacia dónde avanza el mercado de financiación? ¿Cuáles son los requerimientos que condicionan o endurecen la financiación?
La aparición de los nuevos instrumentos verdes de inversión generará mejores condiciones de financiación a aquellas empresas y proyectos relacionados con la transición energética, la descarbonización y la sostenibilidad ambiental. De la misma manera, las condiciones de financiación se volverán más restrictivas para las empresas que no promuevan proyectos alineados con estos objetivos y se penalizará a las más expuestas a los riesgos asociados al cambio climático. Esto implicará mayores primas de riesgo y mayores costes de financiación para cualquier actividad que pueda estar expuesta a fenómenos meteorológicos extremos o al incremento de las temperaturas medias.
¿Qué necesita el sector financiero para cumplir su papel como canalizador de fondos para inversiones verdes?
La movilización de una gran cantidad de recursos económicos para la transición energética exige crear un marco regulatorio que garantice la estabilidad del sistema financiero, fomente su transparencia y reoriente las finanzas hacia actividades más sostenibles. Por eso, desde la Unión Europea se ha apostado por la Taxonomía, un instrumento que permite la clasificación de las actividades económicas que contribuyen a los objetivos medioambientales. Esta herramienta aumenta la confianza de los inversores ya que pueden identificar, de forma objetiva, si una actividad contribuye significativamente a dichos objetivos sostenibles.
