Los vehículos pesados son una importante fuente de generación de gases efecto invernadero (GEI) y una pieza clave en las estrategias para lograr una movilidad sostenible y descarbonizada. La Unión Europea, consciente de los retos presentes en este ámbito del transporte, se ha propuesto mejorar sus planes de reducción de emisiones, favoreciendo una reestructuración del sector mucho más rápida y eficiente, que ayude a mitigar de forma considerable la presencia de CO2 y otras sustancias en la atmósfera.
"Según la Comisión Europea, los camiones, los autobuses urbanos y los de larga distancia son responsables de más del 6% de las emisiones totales de la UE y de más del 25% de las emisiones del transporte por carretera. "
Estos datos recogidos no solo suponen un obstáculo en la lucha contra el cambio climático, sino que, además, ponen de manifiesto una preocupante tendencia al alza si se comparan con los de años anteriores. De hecho, la Comisión apunta que las emisiones de este tipo de movilidad no han dejado de aumentar de forma constante desde 2014, a excepción del 2020 por la situación de crisis vivida con el Covid-19. Ante esta coyuntura tan preocupante, las entidades europeas han decidido reaccionar y proponer una nueva regulación de emisiones para los vehículos pesadosmucho más ambiciosa y consciente de lo que está en juego en materia climática.
Nuevos objetivos de reducción de emisiones
Uno de los puntos fuertes que la nueva regulación sobre las normas de emisión de CO2 para vehículos pesados pone sobre la mesa, es una revisión más estricta de los objetivos de disminución de emisiones establecido en la anterior legislación del año 2019. Planes más realistas a corto y largo plazo, en concordancia con los objetivos climáticos europeos establecidos en el plan Objetivo 55, en el Acuerdo de París y en el más reciente REPowerEU.
Si anteriormente se fijaban dos periodos de tiempo para cumplir con los objetivos de reducción (2025 y 2030), ahora se tendrían tres (2030, 2035 y 2040). Pero no solo cambian los plazos, también lo hacen los porcentajes, que serían ahora bastante más elevados que los que se marcaron en 2019. Por ejemplo, si nos fijamos en la última fecha marcada, se pasaría de buscar un porcentaje de reducción final del 30% para 2030 a un 90% para 2040.
Otra importante novedad que impulsa esta nueva norma es que los objetivos de reducción no solo serían para los camiones de transporte de mercancías, como ocurría en el anterior reglamento. Ahora se amplía el rango a camiones más pequeños, autobuses urbanos, autobuses de largo recorrido y remolques. De esta forma, se añaden vehículos diferentes a la ecuación y se trabaja porque los objetivos de descarbonización lleguen a todos los agentes implicados.
Inversión en vehículos sin emisiones e infraestructuras
Para poder alcanzar estos porcentajes de reducción de emisiones tan ambiciosos, la nueva normativa establece un paquete de medidas para favorecer la evolución hacia una movilidad pesada más sostenible. Entre ellas, se pone el foco en la puesta en marcha de inversiones encaminadas hacia la expansión de los vehículos sin emisiones.
Este sería el caso de los de motor eléctrico o los que funcionan por medio de hidrógeno renovable, pero teniendo en cuenta que no todas las tecnologías disponibles son igual de efectivas en todos los tipos de vehículos. Por ejemplo, el sector del transporte pesado por carretera es de difícil electrificación debido a sus características y se está apostando actualmente por otras alternativas como los combustibles renovables.
En el caso concreto de los autobuses urbanos, una de las medidas que se proponen es que todos los nuevos que se adquieran sean sin emisiones a partir de 2030. Un plan pensado para la renovación progresiva de la flota y que, de llevarse a cabo con éxito, podría suponer muchos beneficios para la reducción de las emisiones en las ciudades.
Además, el otro pilar de las inversiones debe centrarse en la infraestructura de recarga y repostaje que estos vehículos cero emisiones necesitan para poder operar adecuadamente. Es por eso que la Comisión ha propuesto, también, que se instalen puntos de recarga y repostaje en las principales carreteras de los países miembros. Cada 60 kilómetros de intervalo para los puntos de recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno.
Principales beneficios
Algunas de las ventajas que puede aportar esta nueva regulación son:
- Favorecer la transición energética. Se reduce la demanda de combustibles fósiles y mejora la eficiencia energética.
- Combatir el cambio climático. La reducción de emisiones conlleva mayor protección del medioambiente.
- Calidad del aire. Mejorará la calidad del aire y la salud de los usuarios, sobre todo en las ciudades.
- Aumentar los vehículos sostenibles. Acelerar el despliegue de esta forma de movilidad y de sus infraestructuras.
- Acortar la dependencia. En la demanda de combustibles fósiles provenientes de otros países fuera de la UE.
- Reducción de costes. Tanto para las compañías de transporte como para los usuarios.
- Apoyar la industria europea. Impulsar la competitividad de la UE y crear puestos de trabajo
Para poder disfrutar de todas estas ventajas en materia climática, social y económica, esta nueva propuesta de la CE tiene que ser todavía aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Hasta que se ratifique finalmente, sigue en vigor el reglamento anterior de 2019.
El rol de la movilidad pesada en la economía comunitaria
Apostar por renovar la flota de vehículos pesados supone también asegurar la posición internacional que la Unión ostenta en este sector como líder en la producción de camiones y autobuses. Las estadísticas apuntan a que más del 7% del PIB está relacionado con la industria automovilística y son muchos los centros de producción de vehículos pesados operando en la UE, con más de 500.000 unidades de vehículos pesados nuevos producidos anualmente. Una competitividad muy elevada que, si se quiere mantener en el tiempo, tiene que poder adaptarse a las nuevas necesidades de descarbonización de la movilidad y llevar a cabo un importante proceso de reconversión.
La nueva normativa busca también encauzar esta trayectoria de cambio y estimular la inversión, tanto en los nuevos vehículos sin emisiones como las infraestructuras que estos necesitan para poder operar, de cara a conseguir una transición justa y efectiva de la industria automovilística europea. Se trata de avanzar hacia nuevos modelos de producción alejados de los combustibles fósiles y de adaptarse a los nuevos retos del futuro, desarrollando, fabricando y comercializando internacionalmente tecnologías avanzadas y sostenibles para el transporte pesado.
Pero no solo esta renovación es crucial en el plano económico. Para avanzar con éxito en este camino también es necesario reducir la dependencia de la UE, mejorar su seguridad energética y crear nuevos puestos de trabajo verdes relacionados con la transición hacia modelos renovables. Sin olvidar, por supuesto, la importancia de conseguir una movilidad puntera que se adapte a las necesidades de todos los usuarios y teniendo siempre presente la protección del entorno. Dicho esto, son muchos los ámbitos implicados directamente en este proceso de reconversión que pueden verse muy favorecidos en el futuro cuando esta regulación se apruebe y empiece a aplicarse con éxito.
