Actuar de forma activa frente a la emergencia climática pasa por llevar a cabo una transición energética rápida y efectiva hacia sistemas mucho más sostenibles, basados en la utilización de fuentes renovables. Pero este proceso de transformación de los modelos de producción de energía tan necesario y beneficioso, también puede acarrear consecuencias negativas si no se gestiona adecuadamente.
Daños colaterales sobre el empleo, la riqueza o el desarrollo que van a ir acrecentándose conforme vaya avanzando el proceso de transición, y que es necesario afrontar lo más pronto posible. Siempre con el objetivo puesto en implementar cambios que no solo tengan en cuenta el cuidado del medioambiente, sino que también consideren como una prioridad la protección de las personas, sin importar el país o la región en la que vivan.
¿Qué es la transición justa?
Para abarcar este nuevo modelo de transición energética basada en la equidad y en la búsqueda del bienestar social, económico y laboral de todas las personas, se creó el concepto de transición justa. Esta consiste, básicamente, en avanzar en los objetivos climáticos y energéticos marcados, sin dejar a nadie atrás en el camino. Todos los países, comunidades y personas deben poder acceder a los mismos beneficios, mecanismos y herramientas para el cambio en igualdad de condiciones, haciendo especial hincapié en la importancia de mitigar los efectos negativos que las medidas tomadas producen en las personas y en su calidad de vida.
El origen de este término se remonta a los años 70, muy ligado al movimiento sindical y la labor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Inicialmente, nace para dar respuesta a las nuevas regulaciones ambientales que estaban teniendo lugar en Estados Unidos y que estaban afectado a muchos puestos de trabajo. Lo que se exigía por aquel entonces era que los cambios a implementar no fueran siempre a costa de los trabajadores y se buscaran alternativas, así como ciertas garantías para ellos. Pero no fue hasta la firma del Acuerdo de París en 2015 cuando se reconoce formalmente el término de transición justa, vinculado a la lucha contra el cambio climático y alejándose del ámbito puramente laboral, para incorporar también reivindicaciones sociales y económicas.
Un sistema energético descarbonizado es prioritario para el futuro del planeta, sin embargo, no podemos ignorar los impactos que este nuevo modelo puede producir a nivel social, laboral y económico para gran parte de la población.
¿Por qué necesitamos una transición justa?
Existen dos factores básicos que son claves para entender la necesidad de abogar por una transición justa en la actualidad y cuáles son las principales dificultades que existen a la hora de renovar el sistema energético.
1. Efectos colaterales
En primer lugar, es importante entender que lo que se busca con la transición es pasar de un modelo basado en la utilización de combustibles fósiles, a uno más sostenible con las fuentes de energía renovable como protagonistas. Ahora bien, realizar cambios estructurales en los modelos energéticos conlleva siempre efectos colaterales y no tenemos más que echar un vistazo a los precedentes históricos como, por ejemplo, el cierre de las minas de carbón, para ver que en las regiones cuya economía está directamente relacionada con estas actividades, aparecen muchos desafíos cuando sus industrias desaparecen.
En la actualidad existe un gran número de economías en todo el mundo que tienen como pilar la producción, el tratamiento y la comercialización de combustibles fósiles, tales como el petróleo o el gas natural. Si lo que se busca es que estas industrias poco a poco vayan desapareciendo, todos estos países, empresas y compañías altamente dependientes de estas actividades van a encontrarse con problemas muy serios si no gestionan adecuadamente el cambio de modelo. No solo va a disminuir su carga de trabajo hasta que finalmente desaparezca su producción, sino que también se va a producir un desequilibrio en su estructura económica, social y sus oportunidades de desarrollo.
Las personas que dependen directamente de estas industrias tendrán que afrontar consecuencias como la pérdida de sus empleos, la disminución de su capacidad económica, así como una reducción importante de su bienestar y de su calidad de vida. También puede haber consecuencias sobre el área en la que residen, al convertirse en zonas de declive poblacional por no haber oportunidades laborales y que se desmorone la cohesión de toda la comunidad debido a la precariedad y la desigualdad. Además, habría muchas reticencias a aplicar en el futuro más cambios para avanzar en la transición, viendo lo que ha supuesto para ellos y para el deterioro de su forma de vida.
2. Desigualdades económicas y sociales
Otro punto importante es que no todos los países ni regiones se enfrentan a la transición energética en igualdad de oportunidades ni con las mismas posibilidades de éxito. Como suele ocurrir, los países más ricos lideran el camino e imponen las decisiones más convenientes para sus propósitos, olvidándose de que hay otros estados que necesitan apoyo para iniciar los cambios necesarios y paliar las consecuencias negativas que se puedan producir.
En estas economías más pudientes la transición puede ofrecer numerosos beneficios al apostar por la diversificación energética y las renovables, creando nuevos puestos de trabajo verdes, ganando en una mayor seguridad energética, eliminando la dependencia exterior y, por supuesto, con importantes beneficios medioambientales para sus habitantes. Pero para poder disfrutar de todas estas ventajas, ha sido necesario llevar a cabo previamente multitud de inversiones en infraestructuras, nuevas tecnologías y planes de desarrollo y formación, que no todos los países se pueden permitir debido a sus elevados costes. Unas desigualdades que no solo se dan a nivel internacional, sino también entre regiones, en función de la capacidad económica de cada área.
Conviene también tener presente que los países más pobres son los más desprotegidos ante el cambio climático y tienen una menor capacidad para adaptarse a sus efectos adversos, debido a la falta de recursos y herramientas de contención. Pero, además, estos lugares aportan muchísimo menos a los niveles de contaminación y la emisión de gases efecto invernadero que los países más desarrollados, lo que hace que la situación que viven sea todavía más abusiva.
Un contexto de desequilibrio que también se puede dar entre personas que conviven en una región con distintos ingresos y oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, un usuario con un nivel de renta más elevado será más fácil que pueda permitirse realizar el desembolso de adquirir un coche eléctrico o cambiar el sistema energético de su casa por uno basado en las fuentes renovables como la geotermia.
Teniendo en cuenta estos fundamentos, algunas medidas concretas que se pueden tomar para asegurar los procesos de transición justa son:
- Realizar inversiones en energías renovables y soluciones sostenibles para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Proteger a todas las áreas afectadas y dependientes de la industria del carbono, para que puedan afrontar la transición energética.
- Respaldar a los trabajadores afectados, proporcionándoles apoyo y formación, con programas que lleguen también a sus familias y comunidades.
- Identificar las brechas existentes como género, edad, etnia o discapacidad, evaluando el impacto de la transición en los grupos más vulnerables y diseñando ayudas para ellos.
- Remediar los daños ambientales mediante el fortalecimiento de los requisitos normativos y las garantías financieras.
- Garantizar un proceso de planificación transparente e inclusivo, permitiendo que todos los actores sociales y políticos participen de manera activa en la definición de planes a seguir.
¿Quiénes son los actores clave en una transición justa?
Conseguir una transición justa y responsable es responsabilidad de todos. Por un lado, es tarea de las iniciativas gubernamentales el legislar, regular y planificar las medidas que se van a tomar en el camino de la transición energética, así como asegurarse de que se cumplen y de que están consiguiendo los resultados deseados. Estas medidas pueden ser tomadas tanto a nivel internacional, en organizaciones como la ONU, como dentro del marco europeo o a nivel estatal con iniciativas propias de cada país. Para garantizar la implementación de estos planes, normalmente se establecen unos instrumentos financieros con los que poder llevar a cabo los cambios necesarios. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que estableció un presupuesto global de 17.500 millones de euros para el período 2021-2027, para inversiones tanto públicas como privadas.
Una vez que se ha regulado y legislado sobre la transición, son las empresas las encargadas de aplicar los cambios pertinentes en sus actividades y estructura. Se trataría de poner en práctica los mecanismos de formación para sus empleados, la diversificación de su cadena de valor para ser más sostenibles, la creación de nuevos empleos verdes, la apuesta por la eficiencia energética y las fuentes renovables, etc. Además, en el caso de aquellos territorios e industrias donde haya una dificultad añadida y se necesite una mayor supervisión, los estados pueden crear convenios de actuación específicos y regulados.
Por otro lado, la sociedad civil y las comunidades locales son el motor del cambio y la pieza clave en todo el proceso. Muchas veces las regulaciones empiezan a tomar forma cuando la sociedad pone de manifiesto los problemas existentes por medio de recogidas de firmas, protestas, etc. Una vez que estas se han puesto en marcha, las personas tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener una actitud proactiva hacia el cambio y apoyar todas las medidas que se tomen, exigiendo modificaciones o nuevas legislaciones para conseguir una transición lo más justa y eficiente posible.
Plan de acción en España
Nuestro país se encuentra en una buena posición para convertirse en un referente internacional en la implantación de una economía más sostenible, debido a sus recursos naturales y su clima. Aunque este proceso que ya hemos empezado a recorrer generará numerosas oportunidades y beneficios, puede suponer también impactos negativos sobre determinadas actividades que siguen siendo dependientes de los combustibles fósiles.
Entre los retos para la transición energética justa más importantes que tenemos que afrontar en España, se encuentra la desigualdad geográfica que se da a lo largo de nuestro territorio y el fuerte impacto demográfico que los nuevos cambios pueden provocar. Por lo general, las pérdidas de puestos de trabajo no se producen en los mismos lugares, ni en los mismos sectores. Las ciudades y las zonas más pobladas lideran la creación de empleos verdes, mientras que las áreas más despobladas son las que encuentran más dificultades para revitalizar sus industrias y diversificarse hacia actividades más sostenibles, ahondando todavía en el problema de la despoblación.
Aun con desigualdades entre los territorios, la buena noticia es que los niveles de empleo parece que no van a resarcirse durante el proceso de cambio. Tal y como podemos ver en la previsiones del marco de estrategia energética justa, el empleo en el sector eléctrico y renovable es una de las grandes bazas laborales de nuestro país, tanto en el caso de la energía solar como de la eólica, con especial atención a la producción de biomasa, que puede suponer multitud de oportunidades para el ámbito rural.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) augura que las nuevas inversiones en renovables conllevarán un aumento neto en el empleo de entre 253.000 y 348.000 personas por año hasta 2030.
Para favorecer la protección de las personas más vulnerables durante este proceso de cambio justo, los esfuerzos tienen que centrarse en diseñar y promover medidas que ayuden a la reducción de la desigualdad y la pobreza. En especial, prestando atención al acceso a recursos y servicios básicos, y teniendo en cuenta el problema estructural de pobreza energética que viven muchos consumidores con menor capacidad económica. Todo ello en aras de reducir la desigualdad y promover un desarrollo territorial más equilibrado, favoreciendo que las industrias y las nuevas actividades sostenibles se asienten en otras comunidades.
En un mundo globalizado donde cada decisión que se toma puede tener efectos indirectos en muchas vidas, tener en cuenta a todo el mundo y hacerles partícipes de los beneficios de la transición energética es fundamental. De esta forma, podremos seguir avanzando con éxito hacia un modelo energético no solo más sostenible y descarbonizado, sino también más justo, equitativo y solidario a todos los niveles.
